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Protección de Datos.

Asumiendo las obligaciones legales de la Unión Europea, España ha incorporado mediante Ley Orgánica 15/1999 la normativa comunitaria sobre de Protección de Datos de carácter personal, cuyo objetivo es garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, en relación al tratamiento de los datos que cualquier empresa, entidad o profesional administra en el desempeño de su actividad. La Ley establece la obligación de comunicar al organismo estatal creado al efecto: la «Agencia de Protección de Datos», la existencia de aquellos ficheros en los que consten datos de personas físicas y la persona responsable de los mismos. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos. Además es necesario determinar el ámbito y las finalidades explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido esos datos, por lo que no podrán usarse para finalidades incompatibles, y deberán ser cancelados una vez hayan dejado de ser necesarios.

En defensa de los derechos personales de los ciudadanos, la Ley contempla una doble configuración: por una parte, el derecho de libre acceso al conocimiento de sus datos personales, de rectificación y de cancelación de los mismos, y por otra, la posibilidad de formular denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, que abre de oficio la vía inspectora y sancionadora. Distingue la Ley tres niveles de seguridad según el contenido de los datos: “Nivel básico” (datos meramente identificativos, como el domicilio, población, teléfono, etc.); “Nivel medio” (datos relativos a infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros, etc.) y “Nivel alto” (datos referentes a la ideología, religión, creencias, origen racial, salud, etc.). Las medidas de seguridad aplicables a cada nivel se concretan en un Documento de Seguridad que es de obligado cumplimiento.

Los datos podrán ser susceptibles de cesión a terceros siempre que exista consentimiento del interesado, excepto si la cesión está autorizada por ley, si los datos han sido recogidos de fuentes de acceso público o si el tratamiento responde a una relación jurídicamente aceptada, y su comunicación es necesaria para su cumplimiento. La cesión para la realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá formalizarse en un contrato. Las sanciones previstas en caso de incumplimiento de la Ley, oscilan entre 600 y 600.000 euros, según las infracciones se clasifiquen en leves, graves o muy graves.

El periodo voluntario para la inscripción de los ficheros en la Agencia de Protección de Datos y para el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas por la Ley concluyó el pasado día 14 de enero de 2.003, por lo que desde dicha fecha podrían resultan efectivas las sanciones previstas. A partir del año 2.008 tendrá lugar una revisión de la Directiva Comunitaria que dará lugar a la modificación de las legislaciones nacionales sobre la materia. En ella está prevista la comunicación de la existencia de todo tipo de ficheros que contengan datos de carácter personal, no solamente los informáticos, sino también los llevados en soportes tradicionales como el papel, pues se confía en que en esa fecha ya se encuentren mecanizados en su mayoría, y por tanto la norma no resulte tan gravosa.

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© Copyright. Ignacio Alamar Llinás. 2004-2007