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El desarrollo Reglamentario de la figura del mediador concursal

Jorge Casanueva

El BOE del pasado 27-12-13 publicó un esperado reglamento (Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre) que viene a desarrollar determinadas cuestiones recogidas en las Disposiciones Finales Séptima y Octava de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (Ley 5/2012).

En lo que ahora interesa, el reglamento que ahora comentamos desarrolla también aspectos que afectan a la figura especial del mediador concursal, el cual no regula la Ley 5/2012 ya que fue creado con posterioridad a ésta, en concreto por la Ley 14/2013, de Emprendedores, como una suerte de mediador especializado sólo para gestionar controversias relativas a insolvencias de personas físicas.

Recapitulando, la Ley 14/2013 ha venido a otorgar a los empresarios individuales, profesionales y trabajadores autónomos en situación de insolvencia un nuevo procedimiento voluntario de negociación extrajudicial de sus deudas denominado “Acuerdo Extrajudicial de Pagos” (AEP), dirigido por una nueva figura, el mediador concursal, cuyo nombramiento compete a cualquier Registrador Mercantil o Notario del lugar del domicilio del deudor, previa solicitud voluntaria de éste.

En lo que respecta a la formación académica del mediador concursal, el reglamento que comentamos aclara que deber ser dual ya que éste deberá acreditar tener la propia en técnicas generales de mediación -formación que la norma fija en un mínimo inicial de 100 horas de las que un 35% deben ser prácticas, más una formación continua posterior de al menos 20 horas cada 5 años- y, además, la formación específica en derecho concursal que ya el artículo 27.1 de la Ley Concursal exige a los administradores concursales. Por tanto, para poder ejercer como mediador concursal será requisito sine qua non poder ser nombrado también como administrador concursal por reunir la titulación, experiencia y formación necesaria para ello.

Además de lo anterior, el aspirante a mediador concursal deberá inscribirse obligatoriamente -la inscripción es potestativa para los mediadores “no concursales”- en una sección específica que para ellos se crea dentro del registro público de mediadores e instituciones de mediación que el reglamento que comentamos crea y desarrolla, registro que no es más que una base de datos informatizada y de acceso gratuito, gestionada por el Ministerio de Justicia y accesible a través de su sitio web. En la sede electrónica de dicho Ministerio se colgará el oportuno formulario el cual, una vez presentado junto con la documentación acreditativa de la formación en mediación y demás condiciones exigibles -contrato de seguro de responsabilidad civil y reunir los requisitos para ser nombrado administrador concursal-, será oportunamente revisado por el encargado del registro, siendo recurrible en alzada la eventual decisión denegatoria de éste. En caso de que el mediador concursal sea una persona jurídica, la formación y demás requisitos deberán ser acreditados por las personas en cuya representación se ejercitará la actividad de mediación concursal.

Los datos relativos a los mediadores concursales que consten en el citado registro, una vez inscritos, se suministrará a su vez de forma inmediata a otra base de datos gestionada por el BOE, en cuyo portal se publicará la lista oficial de todos éstos, y es a ésa lista a la que recurrirán los registradores o, en su caso, notarios para nombrar al mediador concursal concreto que se ocupará de gestionar el AEP.

A diferencia de lo que ocurre con el nombramiento de los administradores concursales, el de los mediadores concursales no será discrecional sino que, como prevé la Ley 14/2013, será “secuencial” -vocablo que generó dudas acerca de su significado-, especificando el reglamento que ahora comentamos que la “secuencialidad” será simplemente un puro criterio temporal de antigüedad, de suerte que los mediadores ocuparán en la lista una “secuencia” coincidente con el orden cronológico de recepción de su formulario electrónico de solicitud, siendo el más antiguo el primero a nombrar, y así sucesivamente. Dicho orden “secuencial” se gestionará por el propio portal, eliminando cualquier discrecionalidad por parte del notario o registrador en cuanto al nombramiento, ya que éste deberá recaer en el mediador concursal que “toque”, y cuya identidad le suministrará el propio portal. El mediador concursal conservará su antigüedad salvo que rechace un encargo o cause baja en el registro, en cuyo caso podría volver a ser nombrado -o reingresar- pero situándose entonces “al final de la secuencia”. Es decir, deberá esperar a que la lista dé una vuelta completa, perdiendo un turno.

En cuanto a la organización territorial del portal de mediadores concursales, ésta se configura por provincias -criterio coincidente con el de competencia territorial de los Juzgados de lo Mercantil- requiriéndose que el mediador a nombrar tenga un domicilio en la provincia que el deudor solicitante del AEP designe (suponemos que será la de su domicilio habitual), de suerte que el notario o registrador solicitará del BOE el nombramiento del mediador que “toque” de la provincia en cuestión. En caso de no haber mediadores disponibles en dicha provincia, la norma recoge un mecanismo de cierre y prevé que se recurrirá entonces, sucesivamente, a los de las provincias limítrofes, a los de la CCAA en que la provincia se integre, y finalmente a los de todo el territorio nacional, pero sin especificar qué criterio “secuencial” es el que se va a seguir en ésos casos, pues puede ocurrir que con este sistema a algún mediador le “toquen” varios nombramientos sin seguirse un orden secuencial para ello.

Este sistema de organización territorial obligará a los mediadores concursales que deseen ejercer su actividad en todo el territorio nacional, a tener un domicilio en cada una de los provincias de España, lo cual, en nuestra opinión, es una restricción injustificada al principio de libre prestación de servicios, por lo que entendemos que deberá ser suficiente designar las provincias donde el mediador quiera actuar, sin que sea preciso disponer en cada una de ellas de un domicilio, máxime cuando para los mediadores “no concursales” no se exige tal domicilio e, incluso, se les permite designar como “área geográfica principal” de actuación profesional todo el territorio nacional y otros Estados.

Pasamos pues de un sistema de nombramientos de administradores concursales discrecional por parte del Juez de lo Mercantil, a otro de mediadores concursales totalmente reglado por turnos, lo cual, en nuestra opinión, va a requerir un especial celo por parte del encargado del registro para verificar el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia, en particular de los exigidos para ser nombrado administrador concursal cuyo cumplimiento sí controla el Juez de lo Mercantil.

El reglamento entrará en vigor el 27-3-14 pero prevé que el registro de mediadores deberá estar operativo el 1-6-14 y que se abrirá el periodo de admisión de solicitudes de inscripción el 1-4-14. Teniendo en cuenta que el AEP y la figura del mediador concursal se encuentran ya en vigor, la norma dispone, transitoriamente, que la lista de mediadores concursales se confeccionará sobre la base de las listas de administradores concursales ya existentes que, además, acrediten formación en mediación, si bien no se regula ni quién confeccionará dicha lista provisional y la remitirá al portal del BOE -portal cuya entrada en funcionamiento no se regula-, ni si será una única lista nacional o una por provincia y, sobre todo, no se regula si la inclusión en dicha lista provisional permitirá al mediador concursal ganar antigüedad de cara a la “secuencialidad” en los nombramientos o, por el contrario, el pistoletazo de salida se producirá para todos el 1-4-14, día en que entonces a buen seguro se colapsará el registro electrónico del Ministerio de Justicia. Lo cierto es que, hoy por hoy, los registradores y notarios carecen de mediadores concursales a quien nombrar, lo cual es un incumplimiento grave del legislador que está causando importantes perjuicios a los deudores insolventes que quieren recurrir al AEP.